Problemática

Los últimos diagnósticos analizados del Archipiélago Chinijo datan de 2011, desde la fecha a la actualidad poco se ha avanzado en la solución de los problemas detectados, con la excepción de la gestión de los residuos en la isla de La Graciosa.

La población de las islas de Lanzarote y La Graciosa durante décadas fue un referente en Canarias en cuanto a sensibilización ambiental, desgraciadamente durante la última década ha aumentado el número de personas carentes de la misma e incluso el de personas totalmente contrarias y descontentas con la legislación medioambiental existente, entre ellas la de sus espacios naturales protegidos. Observándose en la actualidad un alto número de personas entre los residentes del Parque y los de la zona de influencia socioeconómica, que manifiestan abiertamente su malestar por las “restricciones” que se les imponen a través de las diferentes normativas existentes en el espacio natural protegido.

Por otro lado pese a que la llegada de turistas a Lanzarote sigue aumentando año tras año, las tasas de paro siguen aumentando situándose entre las más altas de España. Lo que ha aumentado el número de personas dedicadas al furtivismo (pesca submarina, pesca de deportivos con capturas de profesionales, marisqueo ilegal y caza de pardelas) y por tanto la presión sobre los recursos naturales del parque.

En el sector turístico se buscan destinos cada vez más exóticos, sitios más exclusivos, y desgraciadamente estamos observando como cada año aumenta el número de excursiones en barco a las zonas más frágiles del Parque Natural como son por un lado el Risco de Famara y por otro los islotes de Alegranza y Montaña Clara, los dos de propiedad privada, pero en los que están reguladas las visitas (en Alegranza previa autorización y sin ánimo de lucro) y en Montaña Clara sencillamente están prohibidas (salvo a los propietarios). 

Con la excusa de la falta de sensibilización de parte de la población y la crisis, se corre el riesgo de que se acreciente la poca voluntad política existente y por tanto aumenten los problemas de gobernanza que sufre el espacio. La necesidad de más medios materiales y humanos (no existe ningún agente de la autoridad destinado específicamente para la totalidad del Parque) provoca que se cuente con importantes carencias en cuanto a restauración, información, sensibilización y control de visitantes y sus actividades.

Estos problemas son más acuciantes en las zonas más frágiles del Parque (Alegranza, Montaña Clara y Risco de Famara), que hasta hace poco eran las menos visitadas por la dificultad para su acceso, pero que ahora despiertan un gran atractivo para turistas y furtivos, porque en ellos se mantienen casi intactos sus valores naturales. 

En Alegranza se siguen produciendo casos de visitas, excursiones y acampadas no autorizadas, marisqueo y pesca ilegal, y la caza de Pardela cenicienta. En los últimos años se ha constatado el aumento de las excursiones de turistas, al mismo tiempo que se conocía de la existencia de empresarios locales interesados en optar a la cesión de las instalaciones del Faro de Alegranza para destinarlo a la hostelería.

En Montaña Clara (Reserva Natural Integral) se produce el desembarco reiterado de grupos de personas sin autorización durante cada verano.

En el Risco de Famara (zona de las Salinas del Río) al impacto generado por los visitantes y turistas que acampan ilegalmente, hay que sumarle la presencia de un número indeterminado de personas que ocupan varias chozas de piedra junto a la costa, que además de acampar y fondear sus barcos ilegalmente, se dedican a la pesca y marisqueo ilegal, aunque afortunadamente este hecho parece estar en vías de solución.

Desde su creación en 1986 el Parque ha carecido y sigue careciendo de un órgano de gestión propio. En el 2006 se aprobó su Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) en donde se especificaba que, para la administración y gestión del Parque, dada la complejidad y alto valor a proteger, se optaba como instrumento por la figura de Área de Gestión Integrada que implicaba la creación de un Consorcio de Gestión, entre las diferentes administraciones públicas del espacio, la formación de un Consejo Rector y el nombramiento de un Gerente. Proceso completamente paralizado en la actualidad.

Con la creación de ese Consorcio de Gestión se pretendía poner fin a los conflictos competenciales existentes entre las diferentes administraciones y favorecer su coordinación.

Y la creación del Consejo Rector, en donde se pretendía que además de las administraciones estuviesen representados el resto de actores interesados del espacio, iba a permitir por primera vez y de manera formal la gestión participativa del conjunto del Parque.

En cuanto a la legislación que determina el planeamiento y la gestión del Parque nos encontramos en momento crucial ya que se está procediendo, por parte del Cabildo Insular de Lanzarote a la Revisión de su PRUG. Proceso que está adoleciendo de una mayor transparencia y participación y que se pretende que el 28 de abril de 2017 tenga lista su Aprobación Inicial.

De lo poco que se conoce del nuevo documento está la buena noticia de que contendrá el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), del que carecía hasta la actualidad, y del que se anuncia su redacción final. Pero por otro lado no despeja las dudas sobre el futuro control de las actividades turísticas en las zonas más frágiles del Parque Natural.